Con voto del Diputado Mario Venegas se aprobó en la comisión de educación el   el Proyecto “Chao  Dicom”.

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Gobierno presentará querella por saqueo en Frontel y robo en supermercado Unimarc de Collipulli.

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Listo para ser ley quedó proyecto de diputado Mario Venegas (DC) que establece como agravante agresión a trabajadores de servicios de salud o de educación.

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Senador Quintana impulsa reforma constitucional para que el Presidente y el Congreso Pleno puedan convocar a plebiscitos vinculantes.

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La propuesta de Ley presentada en Sala por el senador de La Araucanía y presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana junto a parlamentarias de oposición, iniciará su discusión en la Comisión More »

 

Category Archives: Columna de Opinion

Columna de Opinión: Acuerdo de unión civil, un paso hacia la igualdad.

[014963]

Por:

Tatiana Figueroa Perry

Abogada

Académica, Coordinadora de Tesis

Derecho UNAP Victoria.

Son tiempos de cambio, nuestra sociedad ha dado un paso importante en materia legislativa caminando firmemente hacia un Chile más igualitario y justo, abriendo nuevos horizontes al reconocimiento y aceptación de la diversidad. Prueba de ello es que el pasado 13 de abril, se promulgó la Ley 20.830 o Ley de Unión Civil que crea el acuerdo que lleva el mismo nombre, posibilitando a quienes celebren este contrato a regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de manera estable y permanente.

Esta ley, que entrará en vigencia en octubre del presente año, reconoce un nuevo status jurídico a las uniones de hecho que cumplen con los requisitos que la misma ley establece, pudiendo celebrar el contrato tanto parejas homosexuales como heterosexuales, siempre que sus componentes sean mayores de edad y que no tengan vínculo matrimonial vigente, confiriéndoles el estado civil de convivientes civiles y generando derechos y deberes de ayuda mutua y de orden patrimonial, tales como el derecho a sucederse o a pactar un régimen específico para administrar los bienes que se adquieren durante la vigencia del acuerdo, entregando además competencia a los tribunales de familia para resolver los conflictos de intereses que se susciten producto de la convivencia civil.

Es innegable que legislativamente se ha avanzado en el reconocimiento de derechos sin discriminación, principalmente en reconocer a las parejas del mismo sexo una igualdad de condiciones en cuanto a regular los efectos que derivan de sus relaciones afectivas. Sin embargo, ello implica por parte de la sociedad en general, y de la comunidad en particular, aceptar que el concepto de familia se ha

diversificado y alejado del concepto de “familia tradicional”, adquirir un compromiso de respeto, tolerancia, aceptación y reconocimiento hacia las distintas expresiones de la familia y, en definitiva, integrar este nuevo orden a fin de evitar las discriminaciones arbitrarias y vulneratorias no sólo de los adultos que la componen, sino también de los niños y niñas que forman parte de familias con “dos papás” o “dos mamás”.

Ciertamente, la promulgación de la Ley de Unión Civil nos acerca a legislaciones modernas que ya desde hace mucho regulan las uniones de hecho. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer para poder alcanzar ese anhelado status de igualdad, ya que para acabar con la discriminación y las diferenciaciones arbitrarias no basta con la sola promulgación de una ley, sino que se requiere además del compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad de propender y encausar su actuar hacia la equidad y la solidaridad en los aspectos más simples de la vida cotidiana, recordando cada día que las diferencias son circunstanciales y que de común tenemos el carácter de seres humanos, libres e iguales en dignidad y derechos.

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Columna de Opinión: Estado empleador, trabajadores a honorarios y derechos laborales.

[014963]

Boonie Guidotti Rauch

Docente Derecho del Trabajo

UNAP

En los últimos años ha proliferado considerablemente la contratación de trabajadores en funciones públicas bajo la modalidad a honorarios. Especialmente, las diversas áreas de la gestión municipal durante los últimos 20 años se han ido expandiendo de forma acelerada, incorporando en la labor pública a trabajadores que prestan servicios a honorarios y que se desempeñan en un contexto generalizado de desprotección y precarización de sus condiciones de trabajo.

El contrato a honorarios no está definido por la ley, pero ésta lo regula de forma tal, que conlleva a entenderlo como un mecanismo de prestación de servicios que permite a la Administración Municipal, (y también al Estado centralizado) contar con la asesoría de especialistas en determinadas materias, cuando requiera ejecutar labores propias de la Corporación, que presenten un carácter ocasional, específico, puntual y no habitual.

Tradicionalmente se ha entendido que, las personas que prestan sus servicios a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo, de manera que no les asiste ninguno de los derechos que tal normativa laboral establece (jornada máxima, ingreso mínimo, cotizaciones previsionales, etc). Por esta razón, los servicios del trabajo (Dirección del Trabajo y Juzgados Laborales) sistemáticamente han negado su competencia para conocer y pronunciarse sobre los conflictos derivados de tal contrato.

Tampoco las tareas cumplidas a honorarios, confieren a quienes los efectúa la calidad de funcionario público, o sea en el desempeño de esas funciones, a los contratados no les son aplicables las normas estatutarias que rigen la labor de esos funcionarios. De hecho, la circunstancia que se incluyan cláusulas que contemplen derechos y obligaciones similares a lo previsto en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, no permite, en el entender de la Contraloría, considerarlos como tales.

De esta forma, la situación normativa, judicial y administrativa actual determina que solamente serán aplicables en estas convenciones, las normas contenidas en el respectivo contrato. En la práctica, tales contratos contienen un listado de obligaciones idénticas a la de los funcionarios a contrata o planta (por ejemplo, jornada de trabajo), sin que ocurra lo mismo con los derechos.

Sin embargo, cabe mencionar dos importantes hitos que hacen pensar, positivamente, en un cambio de paradigma y en que, lentamente, se inicia la apertura de una vía de solución definitiva.

En primer lugar, en el último tiempo hemos podido observar que tales trabajadores han comenzado a organizarse formando Asociaciones de Funcionarios a Honorarios, con la misión de “luchar por los derechos laborales y humanos irrenunciables de los trabajadores a honorarios del estado mediante la sensibilización del tema frente a las autoridades y pares y la organización de nuestras bases” (Federación de Trabajadores Públicos a honorarios de la Araucanía).

En segundo lugar, un importante vuelco de la Corte Suprema en sentencia de Unificación de Jurisprudencia, de 01 de abril de 2015 dictada en causa ROL O-1801 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, iniciada por un funcionario a honorarios desvinculado en contra de la Municipalidad de Santiago, expresamente ha reconocido “la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, por lo tanto regida por el Código del ramo” acogiendo en definitiva la demanda de nulidad del despido y despido injustificado y haciendo lugar a las indemnizaciones demandadas.

Así, la iniciativa de los funcionarios en orden a organizarse colectivamente y presionar pública y políticamente por la protección igualitaria que hasta el momento se les ha negado, por una parte, y el cambio de criterio judicial a la hora de evaluar la existencia o no de una relación laboral, por otra ,constituyen un avance importante, que, esperamos se vea reflejado en las prácticas laborales de los Municipios y demás entidades públicas.