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Diputada Andrea Parra (PPD): “condenamos sin ambigûedades la violencia pero proyecto ‘antisaqueos’ penaliza excesivamente algunos temas”.

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La Cámara de Diputados aprobó por 127 votos a favor el proyecto de ley que modifica el Código Penal, para tipificar como delito la alteración de la paz pública, mediante la ejecución de actos de violencia, y agravar las penas aplicables.

“Somos conscientes que la violencia injustificada ha intentado debilitar una movilización histórica que emergió tras décadas de inequidades, indolencia, abuso y fragmentación. Sin embargo, con la misma claridad condenamos sin ambigüedades la violencia, y afirmamos que sin seguridad pública no hay bienestar posible. De hecho, este proyecto no habría sido posible de aprobar si no hubiéramos concurrido con nuestros votos”, señaló la diputada Parra.

La parlamentaria aseguró que “apoyamos el hecho de que deben ser castigados quienes valiéndose cobardemente y de manera violenta de una manifestación pública cometan destrozos a bienes públicos o privados, paralicen o interrumpan servicios de transporte, servicios hospitalarios, de emergencia, de electricidad o de combustible. Además, creemos importante que se definan los casos que deben entenderse como desórdenes públicos”.

“No obstante, este proyecto tiene algunas dificultades como, por ejemplo, que penaliza excesivamente algunos temas. Lo que me parece particularmente grave es una indicación que presentaron diputados de la Araucanía, Andrés Molina y Sebastián Álvarez, respecto a penalizar la ocupación de tierras agrícolas que a mí me parece es una mirada encubierta de atacar el movimiento mapuche. Creo que la política de la bota y el garrote no ha dado resultados y esto fue incluido como un subterfugio dentro del proyecto”, afirmó la legisladora.

Andrea Parra agregó que “también las barricadas son un claro ejemplo de sanciones muy altas ya que la pena podría alcanzar los 3 años, y además se puso una agravante para el caso que si hay dos o más personas destinada habitualmente a cometer los hechos punibles en el marco de una manifestación pública, se aplique siempre la pena máxima de hasta 10 años. Las agravantes son excepcionales, pero qué desorden público no es de más de dos personas, entonces estamos agravando todo y eso me parece muy complejo. Llamo al Senado a reparar en aquello y solucionar ese problema”.

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