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Para la próxima sesión, fueron invitados representantes del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional Económica para que expongan sus puntos de vista del texto legal.

 A solicitud del Senador Alberto Espina (RN), este miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara Alta retomó la discusión en particular del proyecto de ley que sanciona penalmente la colusión entre empresas.

 La moción que presentó un grupo de parlamentarios, entre ellos el Senador Espina, se encontraba pendiente en su tramitación luego que en octubre del 2009 se aprobara en general por 22 votos a favor y cuatro abstenciones.

 Al respecto, Espina señaló que dicho cuerpo legal –que consta de dos artículos- tiene una enorme importancia porque establece penas de cárcel que llegan hasta cinco años de presidio para aquellos casos que se produce una colusión.

 “Este es un acuerdo ilegal entre empresas y que tiene por objeto defraudar a los consumidores ya sea porque se ponen de acuerdo para fijar un mismo precio; para fijar una cuota de producción determinada con lo cual se puede lograr subir los precios por la escases del producto; o se distribuyan zonas determinadas de venta, dándose así la exclusividad para vender en un determinado lugar”, precisó.

 “Todos los que creemos en el libre emprendimiento entendemos que los adversarios del funcionamiento de la libre competencia son aquellos que incurren en actos delictuales y que alteran en forma irregular e ilegal el buen funcionamiento del mercado”, expresó el parlamentario RN.

 El Senador Espina también indicó que el proyecto establece que en una primera etapa investigue la Fiscalía Nacional Económica y posteriormente cuando se configura este delito pase al Ministerio Público para que se sancione penalmente.

 Por lo mismo, la Comisión de Constitución del Senado continuará el estudio de las 17 indicaciones presentadas al proyecto de ley que sanciona penalmente la colusión de empresas el próximo miércoles 24 de septiembre, donde fueron invitados para que expongan representantes del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional Económica.

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